Mujeres en los CIE peor que en la cárcel, según una jueza

mayo 29 | Posted by Equipo CRAC | Noticias Tags: , ,

Foto: Women`s Link Worldwide

Lucy

¿Cuánto tiempo lleva en España?: fue internada directamente en el CIE tras su llegada.
Lo que nos cuenta:
Lucy presenta lesiones físicas producidas durante el viaje en la patera y nos dice tener mucho miedo, aunque no explica por qué. Se encuentra nerviosa y desorientada.

Durante la entrevista, Lucy nos cuenta que estaba en una patera que fue interceptada por la Policía en Motril. Nos dice que, tras esto, la policía le hizo firmar unos papeles. No sabe qué decían ni qué significaban esos papeles, porque no tuvo traductor. Nos dice que un policía le señaló un hombre, y que era su abogado, pero que no tiene sus datos y no ha podido comunicarse con él. Lucy no sabe cuáles son las condiciones de su internamiento, cuánto tiempo máximo puede pasar en el CIE, y no entiende lo referente a su orden de expulsión.

En un momento de la entrevista, nos cuenta que salió de su país obligada por la guerra. Durante el tránsito migratorio atravesó Argelia y Marruecos. En Argelia trabajó como esclava sexual. La misma persona que la explotaba sexualmente le facilitó la conexión para el paso al Estado español en la patera.

Tras contarnos esto, nos pregunta por el asilo. Dice que ha preguntado sobre el mismo en el CIE, pero que no ha obtenido información ni respuesta. Desconoce que puede pedir asilo dentro del Centro de Internamiento, y cuál es el procedimiento para tener acceso al mismo.

Seguimiento: Lucy pide asilo tras informarle del procedimiento en nuestra entrevista. Su solicitud de asilo es admitida a trámite, y le liberan del CIE.

Baños del CIE de Algeciras

El caso de Lucy es sólo uno de las decenas que recoge el informe que ha presentado hoy la ONG internacional Women’s Link Worldwide (WLW), con nuestra compañera Helena Maleno como parte del equipo, tras dos años de visitas y entrevistas con 45 mujeres, 7 de ellas embarazadas, 21 presuntas víctimas de trata, en 6 de los diez CIE del estado español, con las organizaciones que tienen acceso o que trabajan con sus presos, y con los juzgados de instrucción encargados de su control. WLW fomenta la perspectiva de género en la Justicia y desde 2008 presta asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas o presuntas víctimas de trata de personas internadas en los CIE.

El informe no sólo revela las denuncias de las internas sino el precario estado de la mayoría de las instalaciones, el grado de colaboración alcanzado con la dirección y los cuerpos policiales de los centros, la comparativa con lo observado in situ por las investigadoras y la versión del gobierno, la formación y conocimiento en la legislación de extranjería por parte de los jueces encargados de velar por ella en los CIE…. Una información que en algunos casos es la primera vez que se conoce puesto que son contadas las organizaciones que tienen acesso a algunos de los complejos y de algunos, como el de Murcia, nada se sabía puesto que no hay organizaciones que accedan de manera regular en él. Destaca por ejemplo sobre este centro cómo el informe recoge que “al intentar comenzar las entrevistas nos sorprende la actitud de control del Director, que nos ofrece que esté presente la enfermera durante las mismas, a lo que nos negamos. Tras esto, el Director se dirige a las mujeres, y les dice que se porten bien y no hablen mal ni de él ni de la policía, porque al final se iban a enterar. Este comentario pone muy nerviosas a las internas, a las que les transmitimos, en cuanto nos quedamos a solas para las entrevistas, que toda la información que nos diesen sería confidencial”. Sorprede igualmente que la jueza del juzgado de instrucción encargado del control del CIE de las Palmas considera que la situación de las mujeres internas en este es “objetivamente peor que la de las mujeres internas en establecimientos penitenciarios”.

Muchas de las mujeres entrevistadas fueron internadas tras ser interceptadas las pateras en las que viajaban desde África a Europa. No entienden por qué están en “una cárcel”, muchas desconocen que el internamiento puede terminar en su deportación, no tienen conocimiento de que hay juzgados de control a su disposición para interponer sus quejas ni de que tienen derecho a demandar asilo dentro del CIE, incluso ignoran el nombre y el contacto de sus abogados de oficio.

En el caso de mujeres que han sido detenidas cuando ya llevaban años en la Península, una de sus principales reivindicaciones es que sienten el encierro como “un castigo”, a muchas les preocupa que sus familias piensen que han cometido algún delito porque “no entienden que puedan estar presas sin haber cometido ningún delito” y piden ser deportadas en lugar de pasar hasta 60 días antes de ser enviadas a su país. En la mayoría de los centros las investigadoras detectaron que hacía frío y las estancias rezumaban humedades, una de las principales quejas de las internas es que suelen tener sólo la ropa con la que llegaron y en centros como el de Málaga se relata cómo temblaban durante las entrevistas. En la mayoría de los casos también denuncian falta de asistencia médica adecuada para mujeres con enfermedades crónicas, embarazadas que no reciben ningún tipo de atención específica ni complementos alimenticios para su estado y otras que no han podido continuar tratamientos médicos, anticonceptivos u hormonales. En algunos de los casos, cuando las investigadoras pusieron en conocimiento de las autoridades competentes los casos, fueron trasladas a centros de salud y hospitales donde tuvieron que ser ingresadas.

Paloma Soria, abogada de la organización y coordinadora del informe, en declaraciones a Periodismo Humano, destaca que estas investigaciones “evidencian que hay una discriminación por razón de género en los CIE y que se refleja en temas como en peor acceso y horarios de patio, salas más pequeña, tener que hacer la limpieza de las dependencias como en el CIE de Valencia, en temas de derecho a la salud, mujeres transexuales a las que no han podido continuar su tratamiento hormonal, o siete mujeres entrevistadas a las que en ningún momento se les realizó un chequeo médico, cuando en su estado son preceptivos”.

La falta de comida aparece en prácticamente todas las entrevistas, así como de agua. En el caso de Aluche, hay que añadir que como tienen que beber del grifo, cuando están encerradas en las habitaciones, tienen que llamar a los policías para que les dejen ir a los baños y como cuando necesitaban evacuar sus necesidades, pueden tardar una hora o más. En muchos de los centros, los waters no tienen puerta ni las duchas cortinillas, por lo que las mujeres acusan una falta de intimidad que perciben como una humillación. También explican que en la mayoría de los casos tienen que pedir las compresas o cogerlas, en el caso de Aluche, de una mueble pegado a la garita de los vigilantes, con la consecuente vergüenza que pasan algunas de ellas.

La mayoría de las entrevistadas especifican cómo igual que hay policías respetuosos y agradables con ellas, hay otros que las agreden verbalmente, humillan, gritan, y maltratan físicamente, especialmente en los traslados. En el caso de algunos de los centros, las investigadoras son testigos de este maltrato verbal “injustificado” y lo recogen en el informe.

Paloma Soria recuerda también a las mujeres con hijos menores, que suelen quedarse con amigos o conocidos durante el internamiento y que, como ocurrió con una de las entrevistadas, fue deportada mientras su hijo se quedaba en España.  La letrada también comparte su preocupación por la vulneración del derecho asilo: “Ha habido mujeres que han preguntado en los CiE que era el asilo y les han dicho que dentro de éstos no se podía pedir. Si no hubiera sido porque entraron en contacto con nosotras, cuatro mujeres no lo habrían solicitado y se les admitió a trámite. Así que habrían acabado expulsadas”.

El tema de la trata de personas preocupa especialmente a esta ONG porque “los procedimientos de la ley no se ajustan a la reealidad de los CIE. No se puede hacer una buena identificación en unos sitios con cámaras, policías”, circunstancias que “impiden la relación de confianza necesaria”, además de una alarmante “falta de conocimiento del tema de la trata en los cuerpos policiales”.

Aunque WLW no ha tenido acceso al borrador del nuevo reglamento para los CIE del Ministerio del Interior, Barroso nos cuenta que en un encuentro del Consejo General de la Abogacía Española le preguntaron al Comisario General de Extranjería y Fronteras, Emilio Baos Abarral, si el documento recogía algo sobre trata de personas, mujeres embarazadas, lactantes…. Y nos dijo que no”.

CIE de Algeciras (al que pertenece también el CIE de Tarifa)

El director del Centro explica que hay 24 plazas para mujeres pero que nunca se han ingresado más de quince “porque las condiciones del inmueble no son buenas”. El informe describe el aspecto de esta antigua prisión como “una cárcel anterior a la época de la democracia en España”. El primer día, explica, las mujeres iban llegado una a una, escoltadadas por policías hasta la sala, donde tuvieron absoluta confidencialidad. Las mujeres “ofrecen un aspecto dejado, algunas nos muestran que carecen de ropa interior. El segundo día todo cambia. Hay otro grupo de policías a cargo del Centro, pero éste se muestra reacio a colaborar, transmitiéndonos que nuestra presencia en el recinto les resulta molesta. Nos permiten realizar las entrevistas en la misma sala que el día anterior. Durante las reuniones con las mujeres, de vez en cuando se acercan a la puerta de la sala, nos apremian para terminar, poniendo nerviosas a las entrevistadas. La actitud de las fuerzas de seguridad ese día nos permite afirmar que su intención es obstaculizar las entrevistas“.

Una de las entrevistadas es Helen, procedente del África Subsahariana. Helen les dice que no entiende por qué tras ocho meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde estaba en libertad, la hayan trasladado a esa “cárcel”. Cuenta que allí realizaba cursos de español y peluquería, que había pedido asilo pero se lo habían denegado. Fue deportada a su país al día siguiente de la entrevista.

Christine, de 19 años, también procedente del África susahariana llegó a Motril (Granada) en patera. Lleva un mes y dos semanas en el CETI y está embarazada de cinco meses. Recuerda que cuando llegó tuvo que dormir tres días en el suelo de la estancia habilitada en el puerto de Motril. Está preocupada porque tiene una grave enfermedad de transmisión sexual y en el CIE dice que el médico no la ha atendido y teme por su embarazo. “Nos explica que le causa mucha ansiedad el trato de algunos grupos de policía que están en el CIE. Dice que algunos son muy desagradables y les faltan al respeto. Respecto a la alimentación, le parece que es insuficiente y se siente débil. Dice que algunos policías son más sensibles y llevan alimentación complementaria a las embarazadas. Christine piensa que esos alimentos los pagan los propios agentes”. Tras compartir esta información con el servicio médico, fue trasladada al hospital.

Therese, 32 años, africana subsahariana. También llegó en patera a Motril y está embarazada de seis meses. “No se mantiene casi en pie y está pálida, con la piel amarillenta. Tiene marcas en el cuerpo y la mirada perdida. Nos explica que vomita constantemente. Es difícil entrevistarle porque se muestra desorientada, con la mirada perdida. Nos cuenta que vino de su país en tránsito por Marruecos. Es incapaz de hilar frases e ideas, parece muy enferma. Algunas de sus compañeras, que también entrevistamos, nos contaron que estaban muy preocupadas por su salud, y todas la mencionaban en las entrevistas. Théresè nos dice que sufre desmayos, que necesita ir a un hospital. No entiende por qué está en el CIE. Una de sus compañeras, que conocía su historia de cuando vivió en Marruecos, nos cuenta que “ha sufrido mucho y han abusado de ella de forma reiterada”, recoge el informe. WLW informó a Cruz Roja de su situación y fue enviada al hospital inmediatamente.

En el momento de la entrevista María iba a ser deportada a Venezuela a pesar de llevar 30 años en España, adonde llegó con 6 años. Expone que cuando se le comunicó la condena por hurto se le dio a elegir entre dos años de cárcel o la expulsión. Según cuenta, eligió la segunda opción porque estaba con el síntoma de abstienencia porque es drogodependiente. No sabe qué va a hacer cuando llegue a un país donde no conoce a nadie. Las entrevistadoras recogen que suda y muestra claros síntomas del síndrome de abstinencia.

Entre las organizaciones que visitan el CIE de Algeciras, una de las preocupaciones que comparten es la duda de que si una mujer demandase realizarse un aborto se cumpliera su derecho, porque han detectado una actitud negativa hacia él. También denuncian que han entrado en contacto con varias víctimas de trata pero que han percibido en los cuerpos de seguridad una actitud de rechazo basado en los prejuicios de “saben a lo que vienen” o “tienen que denunciar” si quieren protección.

CIE de Málaga

Destaca la herrumbrosa situación de las dependencias descrita en el documento, corroborada por el cierre de algunas dependencias que tuvo lugar algunos meses después de la visita de WLW por peligro de derrumbe. “Lamentablemente, el Ministerio del Interior sólo procedió a evacuar el espacio que ocupaba la unidad canina de la policía, dejando habilitados los módulos ocupados por las personas internas”, subraya el documento. El Sindicato Unificado de la Policía pidió en diciembre de 2011 “el desalojo del personal y la clausura del CIE”.

La estancia para las visitas “está dividida en dos estancias por un biombo, así que las voces de las personas visitantes se solapan y no hay intimidad ninguna, ya que se pueden escuchar perfectamente las conversaciones que tienen lugar al lado. Además, la policía apremia para que la visita sea corta. Algunas personas que acuden a visitar a internos recorren distancias muy largas sólo para compartir 15 minutos con las personas internas”. La sala que les dejan para las entrevistas tiene grietas y el frío por la humedad es tal que las internas no dejan de temblar ya que, además, no tienen ropa de abrigo. La sala permanece cerrada con una puerta con barrotes y un policía apostado a la entrada. Hay una cámara de seguridad que las internas no dejan de mirar.

En esta ocasión, el equipo de WLW se ha trasladado hasta el CIE para encontrarse con un grupo de posibles víctimas de trata. La mayoría están embarazadas, tienen aspecto de estar enfermas, todas se quejan de que pasan hambre, de falta de atención médica y del frío. Una de las entrevistadas fue expulsada a su país desde donde se puso en contacto con la organización con la suerte de que una de sus integrantes estaba de viaje en su país. Pudo constatar que se trataba de una víctima de trata con fines de explotación sexual y que había vuelto a ser captada en el aeropuerto a su vuelta.

Málaga Acoge que visita el centro gracias a un protocolo establecido con el último director del centro, y que trabaja en red con la Plataformacon las/los migrantes de Málaga, muestran su preocupación por las dificultades que encuentran en el trabajo jurídico: “cuentan que es muy complicado acceder a la documentación de la persona interna. Esto último también se produce porque en ocasiones son varias las personas letradas que intervienen en un mismo caso”.

CIE de Barranco Seco, en Las Palmas

Hay que destacar el cambio de grado de colaboración de un día para otro por parte de la dirección. Mientras que el primer día de la visita, las investigadoras pudieron pasar toda la mañana con las internas, el segundo día sólo les dejaron media hora en un pasillo, mientras eran vigiladas por un funcionario. El primer día pudieron estar toda la mañana con las internas, pero el segundo sólo les dejaron media hora en un pasillo y con un funcionario vigilándolas. “Pudimos constatar que dicha agente trataba con poca educación a las internas, levantándoles la voz sin ningún motivo, y manifestando una actitud agresiva con ellas que estaba fuera de lugar”.

Todas piden que se les dé más agua, porque la tienen racionalizada a una botella al día, así como de la falta y calidad de la comida.

Una de detenidas, procedente del Norte de África, deseaba por una parte se expulsada a su país, para acabar con el encierro, pero a su vez temía por su integridad puesto que es homosexual. Finalmente fue enviada a su país pero sin documentación y sin su carnet de conducir, algo que según algunas de las ONG que visitan el CIE es habitual y que si tienen la suerte de contactar con alguna de ellas para que solicitar que se los envíen, es un procedimiento que puede tardar un año.

Llaman la atención las declaraciones de la jueza que voluntariamente se ofreció para llevar el juzgado de control del CIE. “Ha decidido hacer visitas con una periodicidad inferior a 60 días con la finalidad de examinar de oficio la situación de personas internas, ya que desde que inició su competencia en el CIE no ha recibido quejas, a pesar de que no puede presumirse que existan y no se remitan. Valora el sistema de comunicación de las personas internas con los Juzgados de control de forma negativa ya que, a pesar de existir un teórico sistema de comunicación de quejas al juzgado, hay un déficit de información en el CIE sobre esta posibilidad”.

Sobre la situación de las mujeres internas en Barranco Seco, indica que es especialmente lamentable. Considera que “la custodia policial, la inexistencia de medios humanos, tales como un trabajador/a social, así como la carencia de medios materiales de toda índole en el centro determina limitaciones de derechos que van más allá del derecho a la libertad deambulatoria, como la limitación de los derechos a recibir información, a las comunicaciones telefónicas, a la intimidad domiciliaria, a la intimidad personal y familiar, lo que hace que la situación actual de las mujeres en el CIE de Las Palmas sea especialmente deplorable”. Y añade que la considera “objetivamente peor que la de las mujeres internas en establecimientos penitenciarios”.

El limbo jurídico de los CIE

El funcionamiento interno de los CIE se regula únicamente a través de una Orden Ministerial de 1999  que no tiene categoría de ley, la cual WLW considera que se “ha quedado obsoleta y que no protege de manera efectiva los derechos de las personas internas” puesto que es previa. Por ello recogen las siguientes vulneraciones:

  • Los CIE carecen a fecha de hoy de Reglamento, por lo que según una Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2005, a su regulación se aplican subsidiariamente las disposiciones penitenciarias vigentes, pese a que la Ley establece que los CIE no son cárceles.
  • La falta de regulación genera una situación de vulnerabilidad extrema, pues las personas internas no conocen sus derechos en los centros. Tampoco existe una norma que establezca los estándares mínimos que deben tener los Centros en lo relativo a arquitectura, alimentación, servicios sanitarios, etcétera. Esto incide sobre los derechos de las personas internas, y provoca diferencias entre los distintos CIE, lo que genera situaciones de absoluta desigualdad dependiendo del centro en que se interne a la persona.
  • Debido a la escasez de normativa reguladora y a las dificultades para familiares, abogados/as y organizaciones no gubernamentales para acceder a los CIE, existe un grave secretismo y falta de transparencia respecto a la situación al interior de los mismos.
  • El personal que trabaja en los CIE forma parte de los Cuerpos y Fuerzas y Seguridad del Estado, que carecen de formación específica para atender a las personas internas.

El Ministerio del Interior ha elaborado un borrador que no aborda estas deficiencias y violaciones de derechos humanos denunciadas, ni aplica un enfoque de género ni contempla la trata de personas.

Mañana publicamos la segunda parte del informe con las investigaciones del resto de los CIE.

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