Esta mañana nos hemos desayunado con la terrible noticia de una brutal agresión sufrida, en la tarde de ayer, por una compañera, una Educadora Social de un piso de Bilbao en el que se atienden a personas en riesgo de exclusión social. La joven, de 25 años, sufrió este atroz ataque en el momento en que comunicó al agresor la decisión de que iba a ser expulsado del hogar por su comportamiento. La Educadora se encontraba sola en ese momento.

Desde EducaBlog queremos expresar nuestra más profunda consternación por este suceso y nuestra más absoluta condena a este ataque y queremos informar de que para esta tarde, a las 19:00, se está organizando una concentración de repulsa en el bilbaíno barrio de Deusto.

Ante situaciones de este tipo, huelga decir que el principal responsable y gran culpable es el propio agresor, pero no podemos olvidarnos de las condiciones que rodean nuestra profesión y que, desgraciadamente, no se pueden dejar de lado a la hora de analizar situaciones como éstas: recortes en personal y recursos, exceso de ratios para atender a las personas, etcétera.

Asociado a todo ello, vuelve a ponerse de manifiesto la minusvaloración social que la profesión de Educación Social tiene a día de hoy. Puede parecer anecdótico y, habida cuenta de la gravedad del suceso, ridículo el hecho de que en buena parte de los medios que se han hecho eco de la triste noticia, se defina a la profesional agredida como monitora, cuando se trata de una Educadora Social, titulada y con amplia experiencia. No se trata de cargar las tintas ante este insignificante matiz de redacción, pero sirve como ejemplo de la escasa consideración que, a día de hoy, seguimos teniendo a nivel social.

Sólo cabe, con todo, esperar una pronta recuperación de la compañera, que se pongan los medios para evitar que se repitan situaciones tan desgraciadas como ésta (la entidad Cáritas, organización para la que trabaja la persona agredida, reconoce que “es la primera vez que ocurre algo así en 60 años”) y que el presunto agresor acarree con la consecuencias de un acto tan execrable como éste, injustificable de cualquier forma posible, más allá de las causas que le han llevado a realizarlo.

Sería importante tener en cuenta la necesidad de, ante situaciones como la de tener que comunicar a una persona que va a ser expulsada de un centro, persona que, además, es muy posible que se conocieran importantes dificultades previas, que las o los profesionales encargados de ello no se queden solas; necesario también establecer unas condiciones laborales que no sobresaturen a estas figuras y que se puedan asegurar unos ratios acordes a una atención excelente.

Colegios, Universidades y demás colectivos profesionales relacionados con la Educación Social somos responsables de vigilar, denunciar y reclamar que se den unas condiciones dignas para las personas que ejercen esta profesión y, por supuesto, para las personas hacia las que se dirige esta intervención.

No hay mucho más que añadir. Manifestar una vez más nuestra tristeza, nuestra repulsa y nuestra solidaridad con esta Educadora, con sus compañeras y compañeros de Cáritas y, por extensión, con todas las personas que nos dedicamos a este trabajo. Volvemos a recordar que a las 19:00 de la tarde hay prevista una concentración de apoyo y de repulsa ante este hecho. Cuando tengamos información más concreta a este respecto, la comunicaremos a través de nuestras redes sociales.

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Abubaker Ali Osman, ingeniero somalí que vivió hasta hace poco en Libia, nunca imaginó que se convertiría en refugiado. Pero cuando la violencia estalló en ese país del norte de África a principios de 2011, se vio obligado a huir. Alquiló un automóvil y, con su esposa y sus seis hijos, viajó a Túnez, donde la familia vivió en un campo de refugiados durante un año.

La familia Osman vive ahora en Alemania, desde donde Abubaker habló con Amnistía Internacional sobre los desafíos a los que hacen frente las personas refugiadas.

Soy de Somalia pero me fui a vivir a Libia en 1985. Trabajaba como ingeniero y profesor en una universidad en el centro de Libia. Vivía allí con mi esposa y nuestros seis hijos, todos nacidos en Libia.

Trabajaba, tenía un empleo normal, vivía una vida normal. Todo iba bien hasta febrero de 2011, cuando estalló el levantamiento. La situación se volvió muy peligrosa. Vivía dentro del recinto universitario con mi familia pero los libios comenzaron a acusar a la gente de Somalia y de otros países de ser mercenarios de Gadafi. Muchas personas perdieron la vida por culpa de estas falsas acusaciones aunque muchas eran como yo, trabajadores normales.

Vivía en el recinto de la facultad, que era seguro, pero el peligro estaba a mi alrededor. La amenaza estaba allí. También vivíamos muy cerca de instalaciones militares que la OTAN bombardeaba. Eso aterrorizaba a los niños y a todos nosotros.

Cuando la crisis se intensificó, comenzamos a oír ruido de balas cerca de nosotros, y además había escasez de alimentos y las masas comenzaron a acercarse. Tuve miedo por mis hijos y decidimos marcharnos en agosto de 2011.

Mis hijos mayores querían quedarse y comenzaron a preguntar: ¿Adónde iremos?”. Hice frente a la realidad de que soy de Somalia, con una realidad diferente, así que no había ningún lugar adonde ir.

Así que decidimos salir de allí. Llegar a la frontera con Túnez no era fácil. Habíamos oído hablar de que muchas personas habían tenido problemas en el camino y de que a algunas las habían matado. Pero no había alternativa.

Alquilamos un automóvil, guardamos algunas prendas de vestir y afortunadamente llegamos a salvo a la frontera Libia-Túnez.

Cuando llegamos a la frontera, las agencias de la ONU nos llevaron al campo de refugiados de Choucha. Vivimos allí durante casi un año.

La situación en el campo era muy difícil.

Miles de personas habían llegado a Túnez desde Libia. Más de 3.000 personas residían en el campo de refugiados de Choucha. No tenían otro lugar adonde ir.

La ONU nos dio tres tiendas de campaña para vivir porque éramos una familia numerosa. Teníamos comida.

En el campo de refugiados a veces había problemas entre la gente. La organización era un problema y a veces había peleas. También había muchos problemas cuando venían las tormentas de arena. Había también enfrentamientos entre los tunecinos de la zona y los refugiados.

Para mis hijos todo fue muy difícil. Nunca habían visto nada igual. Querían regresar pero les expliqué que era demasiado peligroso. Al cabo de dos meses se adaptaron.

Dos meses después de nuestra llegada, comencé a trabajar como traductor voluntario en el campo y también lo hizo uno de mis hijos.

No puedo expresar con palabras lo difícil que era la situación para todo el mundo.

Mientras estábamos en el campo de refugiados, el ACNUR [la agencia de la ONU para los refugiados] UNHCR comenzó a realizar algunas entrevistas. Muchos países se ofreciero para acoger a refugiados aunque lamentablemente el Reino Unido y Francia, que eran los países que encabezaban los bombardeos de la OTAN, no acogieron a casi nadie. Por suerte mi expediente fue aceptado por el gobierno de Alemania.

Fue un proceso largo y algunas personas siguen allí esperando, pero afortunadamente nuestro expediente fue tramitado con rapidez. Tuvimos suerte. 

Es difícil explicar lo maravilloso que fue estar en esa terrible situación y recibir esa noticia.

El 2 de septiembre de 2012 nos dijeron que viajábamos a Alemania al día siguiente. Esa noche no dormimos.

Cuando llegamos a Alemania aterrizamos en Hanóver. Por fin pudimos dormir a salvo por primera vez en un año.

Ahora estamos en Berlín. Mis hijos van a la escuela y mi esposa y yo estamos aprendiendo alemán.

Articulo original en Amnistía Internacional

Durante la mañana del martes 28 de mayo tendrán lugar las Jornadas Participación Social y Laboral en ONG. El encuentro, organizado por CCOO y promovido por la Junta de Andalucía,  tendrá lugar en el Aula de Grado de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

El evento tratará asuntos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en el ámbito de la representación sindical, con especial énfasis en el contexto de las entidades no gubernamentales. El plan de trabajo de las jornadas combina ponencias marco sobre la organización laboral del sector no gubernamental en Andalucía y el papel de la negociación colectiva en la regulación del sector. Asimismo, cuenta con una mesa de experiencias donde participarán diferentes ONG y redes asociativas y se debatirá sobre las respuestas organizadas ante la crisis,  así como de futuras vías futuras de colaboración y de dinamización sindical del sector asociativo andaluz.

Más información:

• Descarga el programa de las jornadas [ver aquí]
• Descarga el III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014 [ver aquí]
• Diagnóstico de necesidades (análisis DAFO)  del movimiento de voluntariado en Andalucía [ver aquí]

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Todo empezó a primeras horas del 28 de agosto de 1998.

Benito Antonio Barrios, de 28 años, estaba en su casa con sus dos hijos, Jorge Antonio y Carlos Alberto, en la localidad de Guanayén (estado de Aragua, en el sur de Venezuela), cuando un grupo de policías entró en la vivienda, lo golpeó y se lo llevó.

Los testigos presenciales, entre los que se encontraba su hermano Luis Alberto, vieron cómo cuatro agentes lo esposaban y lo detenían.

No se supo nada más de Benito Antonio hasta que se encontró su cadáver en un hospital local. El cuerpo presentaba heridas de bala en el pecho y en el estómago. La policía dijo después que los agentes habían acudido a su casa tras recibir una llamada que alertaba de un tiroteo entre dos hombres, pero no se sabe con certeza lo que ocurrió exactamente antes y durante su detención.

Hasta la fecha nadie ha comparecido ante la justicia por este homicidio, y las autoridades de Venezuela no han sido capaces de ofrecer una explicación de lo que ocurrió.

Desgraciadamente, era sólo el comienzo de 15 años de violencia e intimidación para la familia Barrios.

Una década de muertes

Cinco años después, el 11 de diciembre de 2003, la policía detuvo al hijo de Benito, Jorge Antonio, por entonces ya un adolescente. Su tío Narciso y su primo Néstor siguieron a los agentes para averiguar lo que pasaba.

La policía dejó libre al muchacho, pero disparó a su tío Narciso varias veces en la cabeza, matándolo delante de Néstor.

Al año siguiente, el 20 de septiembre de 2004, el hermano de Benito, Luis Alberto, fue amenazado por un policía. Ese mismo día lo mataron de varios tiros en la cabeza cuando salía de su casa tras haber oído ruidos procedentes del tejado.

Menos de un año después, en enero de 2005, dispararon también contra Rigoberto Barrios, de 16 años, que murió cuatro días después.  El muchacho dijo que el autor de los disparos había sido un policía, y su madre también declaró que un policía la había amenazado con matar a sus hijos.

En 2005, la situación de la familia Barrios era tan desesperada, y las medidas de seguridad que se habían adoptado para proteger a sus miembros tan inadecuadas, que varios de ellos huyeron de Guanayén temiendo por su vida.

Pero la pesadilla no terminó ahí.

En los años siguientes mataron a tiros a una segunda generación de jóvenes Barrios: Oscar José Barrios, de 22 años, Wilmer José Flores Barrios, de 19, Juan José Barrios, de 28, Víctor Tomás Barrios, de 16, y Jorge Antonio Barrios, de 24, el hijo mayor de Benito Antonio.

Miembros de la familia Barrios han recibido amenazas e intimidaciones al tratar de conseguir justicia y denunciar a las autoridades por la ausencia de investigaciones policiales sobre los homicidios.

Impunidad y desprotección 

Desde 2004 han sido varias las ocasiones en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dictado medidas urgentes ordenando a las autoridades venezolanas que proporcionen protección a los miembros de la familia Barrios.

Sin embargo, jamás se han tomado medidas de protección efectivas.

En noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado de Venezuela por no haber investigado estos crímenes eficazmente, no haber emprendido acciones judiciales y puesto en manos de la justicia a los responsables, y también por no haber proporcionado protección a la familia.

Pero hasta la fecha la sentencia no se ha aplicado y los asesinos han seguido eludiendo la justicia, mientras la familia Barrios teme que la campaña de amenazas y ataques no tenga fin.

COFAVIC, organización con sede en Caracas que se ha ocupado de estos casos, ha manifestado recientemente: “Por los asesinatos de la familia Barrios, las autoridades venezolanas  no han hecho ni un solo comunicado ni un llamado público que determinara su rechazo ante este exterminio. Este desinterés revela que en Venezuela hay un doble rasero para las víctimas y que hay unas víctimas que merecen atención del Estado y que otras resultan insignificantes”.

El décimo homicidio

El 16 de mayo de este año, Roni Barrios, de 17 años, fue encontrado muerto con heridas en la cabeza y el cuello, probablemente hechas con un machete o un hacha. Roni trabajaba y vivía en Caracas, pero había regresado a su ciudad natal, Guanayén, en el estado de Aragua, para visitar a su familia. Había sido visto con vida por última vez la noche anterior.

Su muerte es la décima que sufre la familia Barrios, tres de ellas en los últimos 12 meses.

“Cuando empecé a hacer diligencias buscando justicia con la muerte de Narciso, mi segundo hermano muerto, nunca pensé que iban a caer todos los demás ante mis ojos. Creí que con esas diligencias protegía a los otros, pero luego de un tiempo me puse a pensar que tal vez fue peor. Con excepción de los Barrios, las decenas de familias del estado Aragua que han sido sus víctimas, cada vez se atreven menos a denunciarlos”, ha declarado a una organización local de derechos humanos Eloísa, hermana de Narciso y tía de Roni.

“¿Cuántos miembros más de la familia Barrios tienen que morir para que las autoridades venezolanas afronten directamente el problema? Es preciso adoptar de inmediato medidas urgentes para investigar estos asesinatos y proteger a la familia”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

Tendencia mortal

Venezuela tiene uno de los índices de delitos violentos más altos de la región, con una elevada incidencia de homicidios y violencia armada. Según el Ministerio del Interior venezolano, sólo en 2012 hubo más de 16.000 homicidios en el país, el 92 por ciento de ellos perpetrado con armas de fuego.

También es motivo de preocupación el uso de las armas de fuego por la policía. Según un informe del Consejo General de Policía, el 80 por ciento de las instituciones policiales utilizan las armas sin respetar las directrices institucionales.

En los últimos años Venezuela ha introducido dos nuevas leyes para regular a la policía, y en marzo de 2010 la Fiscalía General estableció  una Unidad de Investigación Penal para mejorar el índice de enjuiciamiento de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. 

Articulo original en Amnistía Internacional

En este mes de mayo el Equipo CRAC ha participado en dos iniciativas de movimientos sociales en Sevilla, como muestra de nuestro compromiso en el apoyo y contribución en cuantos espacios, desde lógicas horizontales y participativas, se vienen poniendo en marcha en nuestro entorno.

Entre los días 10 y 12 de mayo, en el marco del Encuentro de Monedas Locales (#encuentromonedas2013), en donde se dieron cita experiencias del conjunto del estado, dinamizamos el taller: Autoorganización de las Redes Locales: Impulsar y Cuidar los Procesos de Creación Colectiva.

El día 19 de mayo, colaboramos en la dinamización de un Espacio Abierto en el marco de CAMPABASE (#Campabase013), como finalización del Encuentro de Emprendimiento celebrado en Sevilla y con la participación de algunas de las iniciativas mas innovadoras del territorio.

De este modo, nos sentimos afortunadas en poder colaborar con lo que entendemos como algunas de las dinámicas que están haciendo, desde la práctica y con impacto, otro mundo posible. Gracias por considerarnos parte vuestra.

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Como estaba previsto, nos encontramos en Sevilla, en la sede de Proyecto Hombre, 42 personas, miembros de (casi) otras tantas organizaciones y colectivos sociales de Andalucía Occidental, a compartir una jornada de reflexión colectiva sobre el futuro de las organizaciones solidarias.

Aunque habrá tiempo de profundizar en los distintos contenidos que se trabajaron en aquella jornada, improvisamos ahora una crónica de urgencia para atender a las demandas de información que hemos recibido de muchas personas interesadas, que no pudieron participar pero quieren saber lo que allí ocurrió.

La jornada comenzó con un tiempo para el “diagnóstico” de la situación actual en que se desenvuelven las organizaciones solidarias. Lo hicimos con la ayuda de Nuria del Río y Fernando Cembranos, que describieron el escenario de un momento de crisis y cambios profundos, que tendrán un impacto no solo sobre la situación de las organizaciones solidarias, sino de toda la sociedad. Desmantelamiento del estado de bienestar, agotamiento de los recursos, recortes, pérdida de derechos… el horizonte nos lleva a pensar en un futuro que se parecerá mucho al pasado, en el que surgirán retos y desafíos relacionados con la supervivencia y con la respuesta a las necesidades básicas de las personas.

En ese horizonte, se perciben en la realidad presente una gran diversidad de situaciones entre las organizaciones solidarias: desde las más tradicionales que se resisten a cambiar y siguen instaladas en la añoranza de un pasado (pre-crisis) que no volverá, a los colectivos y movimientos más antagonistas, pasando por las iniciativas sociales que tratan de poner en pie alternativas a las necesidades personales y colectivas… desde las organizaciones más formales e institucionalizadas a las más informales y efímeras, etc.
El diagnóstico -del que daremos cuenta con mas detalle en una próxima ocasión- se completó con las reflexiones y aportaciones de las personas participantes que quedaron reflejadas en un gran papelógrafo repleto de grafittis con las ideas más diversas.

No nos recreamos en el diagnóstico, porque nuestro objetivo principal -no se olvide- era “disueñar el futuro“, centrar la mirada en las organizaciones solidarias que queremos y podemos construir. Por eso, rápidamente, pasamos a elaborar la agenda de un “Espacio Abierto”, con el conjunto de temas que -precisamente sobre el futuro de las organizaciones solidarias- queríamos abordar y discutir colectivamente.

Ya hemos explicado, en esta misma web, que la técnica del Espacio Abierto implica una alta participación de las personas, que proponen los temas, dinamizan la discusión y se mueven por distintos grupos simultáneos de acuerdo con sus intereses.

Así, tuvimos grupos de discusión sobre un amplio abanico de temas: “Cómo recuperar nuestras bases sociales”,”Cómo vivir sin subvenciones”, “Cómo construir nuestras redes”, “Cómo conectar la transformación social con la transformación personal”, “Cuál es el papel de las TIC”, “Cómo visibilizar y potenciar los cuidados en las organizaciones”, “Cómo incorporar metodologías participativas a la dinámica de las organizaciones”, “El liderazgo y la horizontalidad”, etc., etc.

Los grupos se desarrollaron con gran animación, a lo largo de dos horas, interrumpidas por la comida, y las personas participantes debatieron con mucho entusiasmo sobre todos esos temas que dibujan el escenario del futuro de las organizaciones solidarias.

Después vino la comida colectiva, con un catering que sirvió para apoyar el proyecto ”Abre Caminos”, una empresa de inserción social creada por la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur de Sevilla.

Y tras la comida, que ayudó también al conocimiento mutuo, al intercambio de experiencias, a establecer nuevos contactos para impulsar iniciativas conjuntas… dedicamos un tiempo a compartir las ideas surgidas en los diferentes grupos de discusión del Espacio Abierto. Primero se seleccionaron y elaboraron las principales “ideas-fuerza” que más tarde fueron presentadas en una ronda general, con la ayuda de carteles preparados por pequeños grupos de personas participantes en los debates.

El penúltimo paso de la jornada fue la “devolución de impresiones” que hicieron Nuria del Río y Fernando Cembranos, que nos habían acompañado durante toda la jornada. Nos transmitieron sus sensaciones positivas por la dinámica de trabajo, por el tono del intercambio y el debate (que parece apuntar una mayor coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos)… señalando que parece que los colectivos sociales estamos aprendiendo muy deprisa a incorporar nuevas formas de trabajo colectivo a nuestros procesos. Y apuntaron -entre otras muchas ideas de las que también daremos cuenta- la necesidad de que las organizaciones solidarias hagamos conscientes nuestras visiones del mundo, nuestra propia cosmovisión, y que hablemos mucho más del poder, de “nuestro” poder,  ”otro” poder y otra forma de entenderlo (y compartirlo) y de la manera de construirlo colectivamente.

El animado diálogo “asambleario” que se abrió a continuación, y que constituyó el último momento de la jornada, sirvió para constatar que los retos que tenemos por delante son muy grandes. Todavía estamos al final de una etapa (¿de descomposición del sistema y los viejos colectivos sociales?) y viendo como nacen cientos de nuevas experiencias e iniciativas sociales que deben servirnos de referencia y de espacios de aprendizaje.

La importancia del encuentro mutuo, del intercambio, del compartir, del aprendizaje colectivo entre las organizaciones solidarias fue la última constatación de la jornada, casi a modo de evaluación, pues se hace evidente que -más que nunca- en este tiempo de incertidumbres y cambios sociales profundos necesitamos encontrarnos, reconocernos y pensar juntas. A ese objetivo respondía -precisamente- este encuentro “Regreso al Futuro” que fue despedido con abrazos, promesas de nuevos encuentros y una foto de grupo que encabeza esta crónica de urgencia.

(Las fotos que la ilustran son de Pedro Varo Chamizo y de Fernando de la Riva)

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El presidente Robert Mugabe firmó hoy la entrada en vigor de la nueva Constitución, después de tres años de proceso constituyente para sustituir la Constitución de Lancaster House aprobada tras la independencia del país en 1980.

“La nueva Constitución es una iniciativa positiva que ofrece a la gente de a pie la posibilidad de un mayor disfrute de sus derechos humanos básicos”, ha manifestado Noel Kututwa, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para África.

“En este día histórico, no sólo el mundo está pendiente de ver si el país ha superado realmente una etapa, sino que millones de zimbabuenses esperan que esta nueva Constitución dé comienzo a un nuevo orden político en el que se protejan y respeten los derechos humanos.”

El proceso constituyente fue objeto de continuos aplazamientos y controversias, pero el referéndum sobre la nueva Constitución celebrado en marzo transcurrió de forma relativamente pacífica y concluyó con una abrumadora mayoría de votos favorables.

Con la nueva Constitución se espera que se derogue, a que al menos se modifique, la legislación represiva que se ha utilizado para silenciar a las personas críticas con el gobierno.

“Ahora esperamos que los legisladores de Zimbabue adapten leyes como la Ley de Orden Público y Seguridad, que se ha utilizado en el pasado para negar los derechos civiles y políticos de las personas”, ha declarado Noel Kututwa.

Las violaciones de derechos humanos han aumentado en Zimbabue desde la crisis política iniciada en 2000, que provocó la salida del país de millones de personas que huían de la persecución política y las penurias económicas.

En 2008, más de 200 personas murieron, y miles fueron torturadas y resultaron heridas, en actos violentos auspiciados por el Estado durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Se espera que la aprobación de una nueva Constitución vaya seguida de elecciones para designar un nuevo gobierno que sustituya al gobierno de coalición establecido hace más de cuatro años gracias a un acuerdo político que contó con la intermediación de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral.

“Las próximas elecciones en Zimbabue suponen una auténtica prueba para que las autoridades demuestren su compromiso con la declaración de derechos expresada en la nueva Constitución”, ha afirmado Noel Kututwa.

“La verdadera prueba es comprobar si todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil van a poder disfrutar de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.”

En los últimos meses, la policía ha irrumpido en las oficinas de varias destacadas organizaciones de la sociedad civil en Zimbabue y ha detenido arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos.

“Si se producen más ataques contra los defensores de los derechos humanos quedará en entredicho el compromiso del gobierno de respetar la declaración de derechos de la nueva Constitución”, ha afirmado Noel Kututwa.

“Las autoridades policiales deben agilizar la educación en derechos humanos, comenzando por los agentes de la Brigada de Orden Público de la Policía de la República de Zimbabue, que han estado al frente de la restricción de las libertades fundamentales.”

Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno que proporcione los fondos necesarios a la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue, y ha instado a que el nuevo Parlamento analice seriamente la posibilidad de abolir totalmente la pena de muerte.

“La pena de muerte es uno de los legados coloniales que hoy en día sigue persiguiendo a un país libre como Zimbabue”, ha declarado Noel Kututwa.

Articulo original en Amnistía Internacional

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En la semana del 20 al 24 de mayo se está celebrando la VII semana internacional de psicología social de la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, en México.

Las jornadas, con el lema “sociedad y pensamiento social”, ha contado con la participación de Kenneth Gergen y de otros investigadores internacionales.

• Consulta el programa del encuentro [pdf]

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Para quienes cruzan las fronteras de la Unión Europea en busca de una tregua frente al conflicto o la persecución, la vida no siempre cumple sus expectativas.

Además de ser extranjeros en una tierra nueva y de tener que transitar por los matices de un idioma diferente y una cultura extraña, a menudo son tratados con suspicacia, o directamente con hostilidad, por los residentes y por las autoridades: sufren discriminación en la ley y en la práctica.

Hace poco, una mujer turca que huyó a Grecia el año pasado contó su historia a Amnistía Internacional.

Deniz*, de 47 años y nacionalidad turca, se instaló en la capital griega, Atenas, tras abandonar su país el año pasado para huir de la persecución política.

Allá en Turquía trabajaba en favor de presos políticos en huelga de hambre; sus acciones le costaron varias detenciones a manos de la policía turca, que la torturó mientras estuvo bajo custodia.

Deniz tiene suerte de haber encontrado cobijo en casa de unos amigos. Muchos solicitantes de asilo viven en condiciones miserables o duermen al raso a causa del limitado número de plazas en los albergues destinados a estas personas.

Además, según el Consejo de Refugiados griego, muy pocos solicitantes de asilo consiguen encontrar empleo en Grecia, a consecuencia de la crisis económica que sufre el país y de una circular emitida recientemente por las autoridades, según la cual, para que un solicitante de asilo obtenga el permiso de trabajo, la Agencia de Empleo estatal debe certificar que no hay ciudadanos griegos que puedan ocupar esa vacante.

En febrero de este año, menos de un año después de su llegada a Grecia, la policía de Atenas detuvo a Deniz cuando las autoridades turcas emitieron una solicitud para su extradición. Quedó en libertad bajo fianza poco después.

Dos meses más tarde, el 22 de abril, ella y su abogado se presentaron en la comisaría de policía de Exarheia, en Atenas, conforme a las condiciones establecidas en la fianza. A su llegada allí, le informaron de que se había dictado una orden de detención en su contra, y poco después fue detenida.

Al cabo de unas tres horas, la policía la trasladó en automóvil a la Dirección General de Policía de Ática (GADA, según se la conoce por sus iniciales en griego), porque en la comisaría no había celdas para mujeres. A su llegada, la llevaron a una habitación, al parecer para hacerle un registro corporal. Describió de la siguiente manera los malos tratos que recibió allí.

Al principio, en la habitación sólo había una mujer policía con ella. Aunque Deniz no habla griego, no le proporcionaron intérprete.

Según el relato de Deniz, la agente la sometió a un registro inicial con las manos. Luego le pidió que se desnudara, y ella se negó, diciendo que era una refugiada y que no quería quitarse la ropa.

Entonces entraron en la habitación dos policías vestidos de civil. “Uno de ellos me daba tirones, y el otro creo que pretendía arrancarme la ropa”, explicó.

“Por lo que entendí, me estaban insultando. La mujer me agarraba del pelo […]. Uno de los agentes me dio un puñetazo en la cara […]. Los golpes continuaron durante unos cinco minutos. Luego, el guardia de la comisaría de Exarheia oyó mis gritos, entró en la habitación y trató de apartarme de ellos […]. Entonces me llevaron de vuelta a la comisaría de Exarheia, donde pasé la noche.”

Tras esa terrible experiencia, Deniz presentó una denuncia penal, y acudió a un hospital a que le trataran sus heridas.

Cuando, dos días después, relató lo sucedido a Amnistía Internacional aún tenía contusiones visibles en la cara y el brazo.

A finales de abril, el Consejo de Jueces de Apelación de Atenas rechazó la petición de extradición presentada por Turquía, lo que significa que Deniz puede quedarse en Grecia. Durante esa misma semana, el Tribunal Supremo del país rechazó la apelación presentada por un fiscal contra la decisión del Consejo de Jueces de Faltas de denegar la extradición de dos solicitantes de asilo de nacionalidad turca.

* En este caso se ha utilizado un pseudónimo.

Articulo original en Amnistía Internacional